España busca asegurar la viabilidad de las explotaciones y reclama nuevas medidas para evitar el desmantelamiento de las cabañas.
Los ministros comunitarios de Agricultura han entrado ya en una segunda fase de los debates sobre lo que deberá ser la Política Agrícola Común más bien a partir de 2015 y no de 2014, si tenemos en cuenta todo lo que falta por negociar y los procesos que conlleva hasta su aplicación. De una primera negociación sobre cuestiones generales, los mandatarios han entrado en el debate de aspectos concretos que son los que realmente preocupan al sector.
Los representantes de la Administración española ya han expuesto en Bruselas los puntos más importantes que se considera deberían contemplarse en la nueva reforma en el marco de los consejos de ministros. La posición oficial de España se deberá contemplar en un próximo documento que en la actualidad se trata de consensuar con el conjunto de las comunidades autónomas, así como con todas las organizaciones del sector agrario y de las entidades que operan en la política del medio rural. Para ello, desde el ministerio ya se ha remitido una encuesta y, en base a las respuestas, planteará las posiciones mayoritarias del país.
Al margen del contenido concreto de esa propuesta, por lo actuado hasta la fecha en algunos medios de la Administración, estos serían algunos de los puntos más importantes sobre los que se centrarán las demandas nacionales con el objetivo global de que la reforma no ponga en peligro la viabilidad de todas las explotaciones agrarias del territorio.
Presupuestos. En materia de Presupuestos, la Administración se daría hoy por satisfecha si se mantuviera el montante de los fondos que se asignaban en la propuesta inicial. Hace unos meses, en la oposición, los populares denunciaban los mismos por insuficientes y la cosa de la crisis ha modificado las posiciones. Para España, suponen un montante de unos 5.000 millones de euros como pagos directos, lo que significa un ligero recorte sobre las ayudas actuales. Se trata de una asignación que deberá responder a los acuerdos futuros que se adopten en Bruselas sobre las perspectivas financieras en la UE hasta 2020, algo que permanece abierto.
Hectáreas elegibles. Puede ser uno de los grandes debates a solventar en el marco de España entre la Administración central, las comunidades autónomas y los representantes del sector. Sabido es que uno de los ejes de la reforma es el cambio del actual modelo de ayudas en base a unos rendimientos históricos en cada cultivo a otro con una ayuda por superficie. Según los datos obtenidos en 2009, España tendría una superficie elegible donde volcar esos fondos de poco más de 21 millones de hectáreas. En este momento, en función de los criterios que se apliquen, se podría llegar a una superficie elegible de hasta 38 millones de hectáreas. Ello supondría la necesidad de repartir el sobre con los fondos que se asigne a España en más territorio, con la consiguiente reducción de fondos por hectárea.
Activos. Ha sido y es uno de los grandes debates del momento. Bruselas mantiene que los agricultores activos deberían ser los principales perceptores de las ayudas. Hoy la definición de activo señala que lo es toda persona física o jurídica cuyos ingresos vía PAC supongan al menos el 5% de los ingresos globales del solicitante, incluyendo a todos los que cobren menos de 5.000 euros. España aboga por una mayor simplificación de las condiciones y señala que debería ser simplemente activo quien ejerza la actividad.
Capping. Es la nueva palabra para denominar lo que hasta la fecha era la modulación de ayudas o el recorte en el pago de los fondos. La propuesta contempla un ajuste del 20% para pagos entre 150.000 y 200.000 euros, del 40% entre 200.000 y 250.000, del 70% entre 250.000 y 300.000 y del 100% para cifras superiores. El Gobierno reclama que esa política no se aplique a las cooperativas SAT o comunidades de bienes.
Pago verde. El Ejecutivo rechaza radicalmente las exigencias en materia de política verde que deben cumplir agricultores y ganaderos para percibir el 30% del sobre nacional. Agricultura considera, en primer lugar, que el sector ya cumple una serie de exigencias medioambientales. Y, en segundo término, se rechaza porque quitar un 30% del sobre nacional sería como condenar al conjunto de las ayudas para el sector. No ve viable que en cualquier explotación sea posible tener tres cultivos, que el principal ocupe el 70% de la superficie, que dos más ocupen más del un 5% y que, además, se deje un 7% por razones medioambientales.
Jóvenes. España apoya que se asigne el 2% del sobre para apoyar a los jóvenes y reclama la posibilidad de que un país pueda recalcular ese porcentaje en función de la peticiones existentes.
Apoyo a sectores/zonas desfavorecidas. Se acepta la posibilidad de destinar un 5% para zonas con problemas así como otro 10% en pagos acoplados para determinados sectores agrícolas con dificultades o para apoyar a cabañas ganaderas.
Mercados. España reclama una mayor regulación en materia de precios así como de otros mecanismos para evitar situaciones de crisis y asegurar rentas.
Convergencia 2019. Se ve corto el plazo hasta 2019 para llegar a unos pagos uniformes por hectárea a nivel de Estado o región.
GanaderÍa. España reclama nuevas medidas para evitar el desmantelamiento de cabañas ganaderas que ya percibían ayuda, pero que pueden tener dificultades con el nuevo modelo de pagos por hectárea.
Sobre. Cada Estado recibirá un sobre nacional con los fondos. El Ministerio de Agricultura quiere que la administración de ese sobre la haga la central y que no haya división del mismo por comunidades autónomas. Ello podía dar lugar a que cada una lo utilizara para fines diferentes, lo que supondría romper la unidad de mercado.
Tasa plana. La propuesta habla de ir hacia un pago uniforme por hectárea por Estado o región, lo que ha desatado injustificadamente algunas alarmas. No se puede entender que ello signifique que se vaya asignar un mismo pago para un secano abandonado que para un regadío, ni un pago igual para una región administrativa, léase comunidad autónoma. Bruselas da flexibilidad a cada país para definir qué puede ser una región, que puede ser una comarca agronómica de similares condiciones, el regadío de una zona, el secano, etc... España pretende que el futuro reparto de los fondos no difiera mucho del actual.
Fuente: ElAdelantado
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